las medidas tomadas para “contrarestar” el impacto negativo por las alzas en diversos productos como la gasolina (federal) y en especial en productos de la canasta básica, es por eso, que el gobierno del Distrito Federal implementó diversos planes de “medidas de Emergencia” contra el “incremento de precios”, sin embargo, hay uno que nos llama la atención los costos de la actas de nacimiento, matrimonio y defunción, expedida por los registros civiles del Distrito Federal.
Desde hace tres meses nos hemos dado a la tarea de investigar a otra de las instituciones más desleales, después de la Procuraduría General de la República, la Procuraría General de Justicia, desde su dirigencia, el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), por supuesto en el área política, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sus impuestos arbitrarios, y los Registros Civiles de la capital.
Cómo hemos hecho notar en diversas ocasiones dentro de varias investigaciones encontramos que esta dependencia a cargo de Hegel Cortés Miranda, director general, hecha un caos, muchas actividades ilícitas de juegues hasta empleados que se sobreponen a estos, una de ellas y la más fuerte los “movimientos por debajo del agua surgen”, como los trámites de defunción ocurrida fuera del Distrito Federal y el extranjero, en la interacción de cadáveres en el país (con clave 79 con un costo de 167 pesos) incremento que nadie autorizó en su momento y que era de 158 pesos a partir del 1º de enero.
Otra es la búsqueda de datos: acta de nacimiento, matrimonio y defunción, (con clave 57) y que era de un costo de 47 pesos, y ahora a partir del nuevo año, es de 50 pesos, el incremento de 2.3 por ciento; búsquedas que en muchas ocasiones no son registradas para recaudar los derechos correspondientes y esto se da por mencionar uno en el registro civil número 14 ubicado.
En el caso de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción hace uno días tuvieron un incremento del 16.3 por ciento, (o sea 50 pesos) y eso sin consultar al población o Asamblea de Legislativa, donde las protestas y reclamos no se dejaron esperar, por tal su reducción al costo anterior de 33 pesos.
Este incremento en un principio benefició a algunos registros civiles, ya que los trámites “Express” para funerarios, (cuando es una obligación), se incrementaron a números cerrados de (50 pesos) para “cobrar” de 100 a 150 y hasta 200 pesos de propina o dadiva, (un delito de cohecho y corrupción tipificado en la Compilación Penal para el D.F., en su Artículo 222, que dice en su párrafo I: - El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y., II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones).
Como los costos regresaron a 33 pesos por acta, se cierra la transacción a 50 pesos de propina, con una ganancia 17 pesos por difunto, obteniendo grandes sumas de dinero diariamente, alrededor de 10 pesos diarios, 50 mil a la semana 200 mil al mes por registro civil, esta baja en el costo de las actas ocasionó disgusto y resentimiento versus la sociedad y comercios establecidos.
Ya es de antaño, pero sigue vigente que los contribuyentes al solicitar actas y tras el éxito no obtenido los trabajadores al servicio del estado sigan enviándolos a buscar los datos de sus fieles difuntos a las funerarias y los panteones de México. Eso quiere decir que su sistema sigue siendo obsoleto y tardío.
Este resentimiento, fue mucho más canalizado contra los negocios aledaños a los registros civiles, ya que el poco apoyo económico que generaba el famoso Formato Universal, ya lo tienen controlado estas oficinas, y esto para incurrir (con conocimiento) a la dádiva y propinas. Especulando que los errores o los horrores ocasionados dentro de la dependencia son ocasionados por los vendedores “ambulantes y coyotes”, (Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, o trabajo que le acomode, siendo lícita), y que por cierto, es la primera vez en la historia de México en este tenor, no tiene culpa, ahí descubrimos que son estudiantes, profesionistas, amas de casa los que intentan ganarse el pan de cada día honestamente; sin embargo, es obvio hasta en eso se quiera monopolizar.
Al intentar expedir algunas actas nos percatamos, que les son molestos los invitados, las personas ajenos y los supervisores, ya que son un estorban para hacer sus “finanzas turbias”, y ganar dinero, no conformándose con su sueldo, aguinaldo, y vales de despensa, por más de 20 mil pesos. Desgraciadamente uno de los más corruptos es el juzgado 14, ubicado en Liceaga numero 93.
Por último tratamos de localizar al director general de Registro Civil, para una entrevista, sin éxito, ya que se la pasa fuera de su oficina todos los días , sin embargo, la secretarias nos canalizaron con Pablo Fuentes, “de enlace” sin contestar a nuestro llamado.
