GCDMX
Y ALCALDÍAS,
SECUESTRADOS POR EL
CRIMEN POLÍTICO ORGANIZADO
***Tlalpan nuevamente es el centro de atención como una demarcación castigada por las autoridades corruptas.
BLAS
A. BUENDÍA
Reportero
Free Lance
Al
advertir que el Gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías de la
capital de la república se hallan secuestradas por el crimen político
organizado, así como un grupo con poder económico y político se viene
apoderando de una zona privilegiada entre el Xitle 2 y el Pico del Águila en
suelo de conservación, con acompañamiento de ex funcionarios de la Procuraduría
Agraria y el Registro Agrario Nacional, colonos de la zona han amenazado de
muerte hasta por un grupo que se mezcla cuando menos cuatro colombianos.
Integrantes
del Ejido Colonia Héroes de 1910 que se asienta en el Ajusco, dieron a conocer también
que son víctimas de despojo por un grupo de sus compañeros ejidatarios aliados
con personas con poder económico, político e, incluso, delincuencial, en la demarcación
Tlalpan, quienes mediante la violencia física, psicológica y armada poco a poco
se han apoderado de propiedades y su fin último es quedarse con casi mil
hectáreas de tierras en una zona con una vista panorámica privilegiada que se
encuentra en suelo de conservación, en la zona entre el Volcán Xitle 2 y el
Pico del Águila.
La
policía de la Alcaldía de Tlalpan, más ex funcionarios de la Procuraduría
Agraria y el Registro Agrario Nacional se han prestado para empoderar a ese
grupo de interés y permitirles el uso de la violencia física y con armas, para
imponerse en las asambleas a los legítimos ejidatarios, explicaron esta mañana
Sergio Sandoval, Víctor Falfán y Rosa Isela Álvarez.
Este
grupo de ex funcionarios se encuentra integrado por Felipe Camarillo junto con
sus familiares Darinka Pamela Camarillo y Saúl Manuel Camarillo, estos dos
últimos no pertenecen al ejido, así como por los ejidatarios Margarito Espinosa,
Jesús Román García, David Esquivel, José Refugio Vega, Andrés Álvarez y Raúl
Sandoval.
Los
denunciados por apoyar a las acciones presuntamente fraudulentas al celebrar
una asamblea ilegal con documento falso para apoderarse del comisariado ejidal,
son René Francisco Bolio, ex delegado de la Procuraduría Agraria y José Antonio
Álvarez, ex delegado y Alicia Espinosa, registradora Integral en Oficinas
Centrales del Registro Agrario Nacional, todos ellos en la Ciudad de México.
De
igual forma, abrieron carpetas de investigación contra Federico Becerra,
Subdelegado Jurídico de la Delegación de la Procuraduría Agraria en la Ciudad
de México y el abogado adscrito a la misma delegación, José Manuel Luna. El
primero, Becerra Pedrote, se fue involucrado por ejidatarios en el despojo que
sufrieron en el Rancho El Cristo o Embajomy, en San Felipe del Progreso,
Estado de México.
Salvo
la Dirección de Quejas y Demandas de la Procuraduría Agraria, los quejosos
afirman que el resto de las instancias a las que han acudido, muestras un muy
claro respaldo al grupo que se quiere apropiar de casi mil hectáreas de
terrenos de alto valor económico, forestal y ambiental en el Cerro del Ajusco,
quienes ya se apoderaron ilegalmente de al menos 95 hectáreas.
Al
momento los ejidatarios han sido despojados con el uso de violencia y amenazas,
de siete propiedades con más de 95 mil metros cuadrados. Rosa Isela Álvarez
denunció que el pasado 30 de junio al menos tres mujeres y otros dos hombres
fueron agredidos físicamente, además de que el grupo encabezado por Felipe
Camarillo, traían armas en el auto Jetta con placas NBR-32-84 que fueron
denunciados y los ocupantes de las patrullas MX-224-R1 y MX-508-S1 del sector
Topilejo, dijeron que no podían hacer nada, salvo que fuera en flagrancia.
Rosa
Isela Álvarez Jiménez denunció que Felipe Camarillo Gutiérrez contrató a un
grupo de cuatro colombianos, quienes lesionaron a una de las ejidatarias en las
costillas y en el caso de ella, está siendo acosada y amenazada por medio de
las redes sociales por Estela Sánchez y Jorge Ramírez, quienes han dado a
conocer fotografías de ella, sus tres hijos y una nieta, diciendo que los van a
desaparecer, por lo que responsabilizó a Camarillo y las personas que con él
colaboran de cualquier cosa que les pueda ocurrir a sus familiares, a ella y a
todos los ejidatarios que están en contra del despojo y sus familiares.
Los
ejidatarios que están velando por preservar sus derechos y sus propiedades,
recurrieron la asamblea que empoderó al Comisariado Ejidal el 31 de julio de
2016, ante el Tribunal Agrario, realizada con el uso de documentos falsos, y
esperan que esta semana sea declarada la nulidad, antes de la realización de
una nueva asamblea para realizar el cambio de directiva este domingo 14, a la
que de antemano les ha sido negada la entrada, porque prácticamente los han
expulsado con un castigo inexistente en la Ley Agraria.
Precisamente,
para contrarrestar a los ejidatarios con derechos y por órdenes de Camarillo al
comisariado Ejidal suplente, Margarito Espinosa, se ha inscrito una lista de 75
presuntos nuevos ejidatarios que les darían la legalidad para apropiarse del
ejido, salvando la ilegalidad de la anterior asamblea realizada con documentos
apócrifos.
La
comisión que se presentó a realizar la denuncia pública, representa a 93
ejidatarios quienes, dijeron, esperamos con ánimo positivo la sentencia que en
estos días dará el Tribunal Agrario sobre la legalidad de la Asamblea del 31 de
julio de 2016, confiamos que se declare la nulidad y las cosas vuelvan al
estado en que estaban a esa fecha, de tal forma que se salvaguarde la propiedad
del ejido, nuestros derechos como ejidatarios y podamos volver a tener paz y
armonía en el Ejido Colonia Héroes de 1910, que nos encontramos en San Andrés
Totoltepec, alcaldía de Tlalpan.
Al
respecto, los denunciantes lamentaron que la alcaldía en Tlalpan haya sido
permeada por el crimen político organizado ya que a través de artimañas e
ilegalidades, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, y la
Procuraduría General de Justicia, muestran gran mutismo para proteger a la
ciudadanía, como si se pretendiera encubrir a los responsables invasores de
varios ejidos de esa demarcación.
Hicieron
un llamado al presidente de la república a instruir a las autoridades
correspondientes a fin de que las violaciones a nuestras leyes no queden en la
impunidad, ya que se ha detectado la colusión entre funcionarios de los niveles
de gobierno.
Cómo antecedente se encuentra también el caso de Carolina Elizabeth, quien fuera defraudada con más de un millón 700 mil pesos por las propias autoridades de Tlalpan. Cada vez más los grupos bien organizadas
se encuentran más preparadas para evadir el brazo largo de la justicia, pues
están involucrados servidores público de la administración pasada y que ahora
tienen cargos de directivos, esto a través de una serie de argucias para
defraudar a sus víctimas con la venta de bienes inmuebles ajenos en la Alcaldía
de Tlalpan.
Otro de los casos fue el de Carolina
Tal
fue el caso de Carolina, que compró el 8 de marzo de 2010 por contrato de
Cesión de Derechos Posesorios, a los sujetos de nombre Juan “N” y Toribio “N”,
el terreno denominado “Amalillo Alto que encuentra ubicado en la Segunda
Cerrada de Terrazas sin número, dentro de los límites del Pueblo de San Andrés
Totoltepec, jurisdicción de la Alcadía en Tlalpan en la Ciudad de México, por
la cantidad de 340 mil pesos, en la cual invirtió un total de más de un millón
y medio de pesos en construcción en lo que fue su casa habitación, su
patrimonio de toda una vida.
Pero
cómo opera estos grupos organizados, los lotes pertenecientes a personas ajenas
son invadidos y posteriormente son divididos en varias secciones esto con el
fin defraudar de un jalón a varias familiar, una vez que efectúan las supuestas
compraventas y logran embaucar a varias víctimas, quienes entregado el dinero
sus ahorros, comienzan los supuestos trámites “formales” consistente en
contratos de cesión de derechos, una vez firmados acuden a la delegación
política de la localidad para ratificación de “buena fe la negociación”, los
documentos son sellos oficialmente por la demarcación en la cual hasta el año
2015 certificó 3 mil 287 contratos como lícitos; para finalizar la víctimas y
victimarios acuden al notario público y “formalizan” los supuestos acuerdos de
voluntades.
Es
importante destacar, que Carolina Elizabeth, en un periodo de seis años nunca
fue molestada por los verdaderos dueños del terreno, sino hasta que el cuatro
de octubre de 2018, personal del juzgado 57 de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, a cargo del juez Odilón Centeno Rendón,
junto con un grupo de apoderados de la dueña del inmueble, más de 50 elementos
del grupo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública ahora Ciudadana,
e igual número de los denominados cargados, despojaron a Carolina y su madre de
80 años edad del inmueble, por tal motivo se inició la Carpeta de Investigación
CI-FCH/CUH-8/UI-2/ S/D/04521/11-2018, radicada en la Fiscalía de Procesos en
Juzgados Civiles y como desglose de la investigación ante la Fiscalía de para
la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México, en la cual tendrán que rendir
cuentas de sus actos.
También
se inició otra carpeta de investigación ante la Fiscalía Desconcentrada en
Investigación en Tlalpan, fue radicada la denuncia con la Carpetas de
Investigación número CI-FTL/TLP-3/UI-1 C/D/00456/02-2019, por los delitos de
fraude, daño en los bienes, ejerza violencia sin causa legítima, entre otros
delitos, al respecto Carolina, mencionó que tiene toda la confianza en la nueva
administración para resolver y recuperar toda su inversión.
Es
importante mencionar que el artículo 232 del Código Penal para la Ciudad de
México, que los implicados en estos actos delictuosos constituidos como delito
de engaño o aprovechando el error podrían alcanzar una pena de dos a seis años
de prisión, multa de y de setenta y cinco a doscientos días multa; sin embargo,
al haber trabajadores burocráticos del cualquier nivel municipal, estatal o
federal involucrados la pena se multiplica, además que en este caso su sumaría
el grado de delincuencia organizada pues pudieron ser más de tres los
involucrados.
