El
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México
pago a Grupo de Choque para
Atacar al Periodista Juan Carlos Martínez.
Dos testigos claves se presentaron a declarar ante
el agente del Ministerio Público de la Procuraduría general de justicia (PGJ),
para denunciar en torno al despojo, robo y privación ilegal de la libertad al
periodista Juan Carlos Martínez Nava, en la que dieron fuertes declaraciones en
contra del Instituto de la Vivienda (INVI) de la Ciudad de México y la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), instituciones de la Ciudad de México
(CDMX).
Uno de los testigos quien se omite su nombre
por razones obvias mencionó en la carpeta de investigación FCH/CUH-8/T1/01102/14-03,
que el día 16 de marzo del año 2014, pasó al local y domicilio del también
artista plástico Martínez Nava, para saludarle; sin embargo, se encontraba un
grupo de personas dentro empacando las obras de arte y diversos objetos de
valor exclusivas del periodista y su hermano; en tono de burla comentaron que serian
trasladadas a cierto domicilio a la delegación Iztapalapa (hay que recordar que
la última vez que entro al domicilio el comunicólogo fue el día 15 de marzo)
Mientras que otro de los testigo señaló que el
día 14 de marzo del año 2014, al filo de las 10 de la mañana vio cuando un grupo
de personas y dos policías de la Secretarías de Seguridad Pública detuvieron al
comunicólogo mexicano, impidiéndole el pasó al domicilio que se encontraba en su
poder y el de su hermano, al preguntar informaron que sería trasladado a la
agencia del Ministerio Público Cuh-8. (Lo cual desestimo la procuraduría ya que
en los videos de la institución no aparece) pues los videos habían sido
manipulados ya que la hora fue modificada en vez de las 11:14:11 eran las
23:14:11 horas.
Como consecuencia de estos actos a partir de
ese día la vida del periodista ya no fue igual, pues integrantes de su familia
vivieron contantes ataques por parte de la Secretaria de Seguridad Pública en especifico
del sector Asturias y el agente del ministerio Público de le CUH-2 ubicada en
Aldama y Mina, en la conocida ex sede delegacional Cuauhtémoc.
Como se recordará en esa fecha estaba como
titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México Raymundo Collins.
Breve remembranza
del titular del INVI?
Con información de diversos medios de comunicación como el gran análisis de Héctor Mauleon, en su columna de Opinión del periódico el Universal del día 16 de julio del presente año, menciona que cuando Andrés Manuel López Obrador
gobernaba la ciudad de México, una célula del Cártel de Tijuana, organización
dirigida por los hermanos Arellano Félix, empezó a operar en Iztapalapa y
Ciudad Nezahualcóyotl.
La célula, que se conocía como Cártel de Neza,
contaba con la protección de policías judiciales capitalinos, de agentes
federales, de elementos de la policía mexiquense, y de altos mandos de la
Secretaría de Seguridad Pública —que por aquellos días se hallaba bajo las
órdenes de Marcelo Ebrard.
Aunque el gobierno de la ciudad procuró
apartar de la atención mediática las actividades de aquel grupo criminal, su
presencia se volvió inocultable a partir de febrero de 2002.
En esa fecha, Mario Roldán Quirino, director
de Asuntos Especiales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
contra la Salud, fue cazado en San Pedro Mártir, a bordo de su auto, por
sicarios que le dispararon 25 veces. Días más tarde, el 23 de abril, sicarios
del cártel asesinaron al jefe de la Base Plata en la delegación Iztapalapa,
Arturo Pérez Estrada. A él también lo cazaron a bordo de su vehículo. Los
asesinos le dispararon en 19 ocasiones.
A principios del mes siguiente, el Cártel de
Neza ejecutó en Río Consulado al director de Operaciones Mixtas de la
Secretaría de Seguridad Pública, Guillermo Robles Liceaga. Robles estaba cerca
de detener a los líderes del cártel: Delia Patricia Buendía, alias Ma Baker, y
Carlos Morales Gutiérrez, apodado El Águila. De hecho, acababa de comunicarse
con su jefe inmediato, el subsecretario de Seguridad Pública Raymundo Collins,
para informarle que se dirigía a cierta clínica de Río Consulado, en la que se
hallaba internado uno de los líderes criminales.
Dentro de las ropas de Robles la policía halló
un papel doblado que tenía escritos tres nombres: el del propio Raymundo
Collins, el del presidente municipal de Neza, el perredista Héctor Bautista, y
el del director de Seguridad Pública de Ciudad Nezahualcóyotl, Carlos Ernesto
García García. No hubo grandes explicaciones sobre aquella lista. Se dijo solo
que se trataba, probablemente, de funcionarios amenazados por el cártel. En
todo caso, el tercero de ellos, García, fue sentenciado poco después a 25 años
de cárcel, acusado de haber puesto al servicio de Ma Baker una red de
protección oficial.
En agosto de ese año la PGR presentó por fin a
Ma Baker: la presunta aliada del Cártel de los Arellano que controlaba más de
300 “tienditas” en Iztapalapa, Neza y Tepito. La declaración de un testigo protegido
reveló que el brazo derecho de Ma Baker, El Águila, era hijo del primer
inspector de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Morales Correa: al
menos en una ocasión, el inspector había intervenido para que agentes de la SSP
dejaran en libertad a su vástago.
Durante la ola de detenciones que siguió, un
cómplice de Ma Baker involucró al subsecretario Collins en la venta de
protección al Cártel de Neza. Ebrard desestimó la acusación: “Hay que tomar en
cuenta que los que están declarando son delincuentes… no podemos actuar con
base en declaraciones o imputaciones que hacen delincuentes que están
procesados”, dijo. Collins fue acusado poco después de proteger al líder de una
banda de secuestradores (César Gómez, El Licenciado) integrada por policías de
élite de la Secretaría de Seguridad Pública.
En aquellos años trascendió que Ebrard ordenó
que se abriera una investigación interna que esclareciera las acusaciones en
contra de su subsecretario. El informe que le presentaron no fue
tranquilizante. Collins tenía, además, varias quejas en la CDHDF por tortura y
ejercicio indebido del servicio público. En abril de 2003 presentó su renuncia
“por diferencias en el mando operativo” y “amenazas de muerte”.
Tres años más tarde, cuando Ebrard llegó al
gobierno capitalino, Collins fue designado director de la Central de Abasto:
investigaciones periodísticas de esos años revelaron la manera en que
cargamentos de droga llegaban a las bodegas de la Ceda, “entre fruta, flores y
legumbres”. Se documentó también la venta de droga, el secuestro, el robo y la
extorsión, como prácticas cotidianas, toleradas por el director.
Al arrancar el gobierno de Miguel Ángel
Mancera, Collins fue llevado a la dirección del Instituto de Vivienda. Las
denuncias de constructores y contratistas no tardaron en llegar: notas de la
época relatan que el funcionario fue acusado de cobrarles 10 millones de pesos,
a cambio de mantenerlos en las listas del INVI.
El jueves pasado, José Ramón Amieva dio a
conocer el nombre del funcionario que podría suceder a Hiram Almeida al frente
de la Secretaría de Seguridad Pública.
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