• La actual administración ha tenido que enfrentar un gran reto, afirma el Magistrado Élfego Bautista Pardo
• El fenómeno es triste y la condición de las personas es inhumana
BLAS A. BUENDÍA
Reportero Free Lance
filtrodedatospoliticos@gmail.com
Juan Carlos Martínez
Editor de El Corredor Informátivo
jeancarleon@hotmail.com
Un problema actual e ineludible es sin duda alguna la cantidad de migrantes que en diversas caravanas han llegado a México desde el año 2018, ya sea porque van en busca del sueño americano o simplemente por escapar a condiciones de violencia a pobreza vivida en su país de origen, dijo el Magistrado Élfego Bautista Pardo.
En su análisis Así es el Derecho, el impartidor de justicia destacó que independientemente de la causa que origina los movimientos migratorios, la realidad es que la actual administración, ha tenido que enfrentar un gran reto pues por un lado debe garantizar los derechos humanos de los migrantes, que como seres humanos no deberían ser considerados ilegales en ninguna parte del planeta, y al mismo tiempo lidiar con la política prohibicionista de nuestro vecino del norte.
Y abunda: Ya que mientras el gobierno mexicano busca la forma de contener la migración, con acciones como la reciente apertura de la casa para el migrante en Coatzacoalcos, o la retención de los nutridos éxodos desplegando a la Guardia Nacional en la frontera sur mexicana, e incluso otorgándole trabajos temporales a quienes vienen en las caravanas, el presidente Donald Trump continúa amagando con construir un muro fronterizo.
El fenómeno es triste y la condición de las personas es inhumana, lo que ha motivado la aprobación de un Plan de desarrollo integral para centro América con apoyo de la ONU, que ha sido aprobado por México, Honduras, El Salvador y Guatemala con la participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el respaldo de la Unión Europea.
El objetivo es prevenir la migración forzada, atendiendo las causas estructurales que originan la migración, mediante la mejora de las condiciones de vida la población en su lugar de origen.
En este contexto la población más vulnerable son los niños, a quienes, de manera lamentable nos ha tocado ver sufrir en condiciones insalubres, accidentarse en la estación migratoria nacional e incluso, penosamente, nos ha tocado ver morir intentando cruzar hacia Estados Unidos o estando en custodia de su gobierno.
La muerte de niños migrantes no es privativa de las caravanas que han llegado al territorio mexicano, pues según la Organización Mundial para las Migraciones, desde el 2014 muere un niño migrante por día.
Con la finalidad de tomar acciones concretas respecto a esta población vulnerable y tomando en consideración el interés superior del menor que debe ser salvaguardado por las autoridades mexicanas el 17 de octubre se publicó una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esa ordenanza está enfocada a crear un mecanismo de coordinación constante entre los Sistemas DIF de toda la República y el Instituto Nacional de Migración y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Para los casos en que se identifiquen niños extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo puedan adoptarse medidas de protección especial que los niños necesitan.
Para hacer más eficiente la colaboración también se crea un Sistema de Protección de Niños Niñas y Adolescentes en cada municipio.
Ante cada coyuntura, el Estado, a través del ordenamiento jurídico debe de tomar las medidas que le permita afrontar los retos, en este caso con la reforma mencionado se busca salvaguardar los derechos de todos los niños, pues su sano desarrollo, sus derechos y su interés superior deben ser prioridad de todo Estado Democrático de Derecho, como el que pretende ser el mexicano.
“Así es el Derecho”, puntualizó el magistrado Élfego Bautista Pardo, titular de la Quinta Sala Civil, Ponencia 3, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
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