Los Agentes del Ministerio
Público en el DF Corruptos y Deshonestos
Uno de ellos cuenta
con un hermano Homicida
Por: Milou Marz, enviado especial
Después de darle seguimiento a la detención de cuatro jóvenes, qué
fueron consignados al Reclusorio Norte injustamente, por la responsable de la
Agencia del Ministerio Público, Arlette Irazábal San Miguel, detectamos que esta
servidora pública además de cometer diversos delitos como el abuso de
autoridad, el no ejercicio de la Acción penal, “su familia es de la más alta alcurnia
de la delincuencia”, en virtud de que su hermano Jorge Irazabal San Miguel, lleva
un proceso penal acusado del delito de
homicidio culposo, en ejercicio de una actividad profesional artística o
técnica en agravio de Leticia Cedillo Bello, proceso que se lleva a cabo desde el años de 2003 con
número de expediente 09/03-3, en el Juzgado Primero Penal, en Estado de Morelos.
¿Cómo se descubrió esto?, el día 22 de agosto ser
produjo una riña callejera por confusión en la cual cuatro sujetos, golpearon sin piedad a dos menores de edades,
Abraham David Juárez, y Cesar Asrael Juárez, de 16 y 17 años,
sucesivamente, en virtud de qué según dicen los agresores, en su defensa, qué les
aventaron un cohete.
No sólo fueron canalizados a la agencia
los dos menores, sino también cuatro personas que presenciando la agresión que se
acercaron para apoyar a los menores para que no siguieran golpeando a jóvenes: Eduardo
Daniel Soto Arrona, de 22 años, Ricardo Israel Monzalvo Miranda, de 24 años,
José Luis Torres Miranda y su hermano Leonardo Torres Miranda, de 35 y 40 años
de edad sucesivamente, quienes se encontraban trabajando los dos primeros en la
calle de Doctor Vertíz número 118, colonia Doctores, cuando llegaron los
policías preventivos y con pistola en mano y encañonándolos en la cabeza y a
golpes los subieron a la patrullas: P9413, P9406, P9434, P9406, P9469, P8471,
P9429, A1337 y la 8112, todas estas unidades llegaron fuertemente armados como
si se tratara de delincuencia organizada, -así lo aseguró- Esteban Soto
Zaragoza, de 51 años edad, padre de los jóvenes y quien aseguró que ellos se
encontraban en sus laborando en ese momento el oficio de mecánicos; mientras qué
José Luis Torres Miranda, quien se dedica al cuidado y lavado de automóviles en la vía pública, y su hermano Leonardo
Torres Miranda, que se dedica a operar grúas para automóviles, también ambos solicitaron
dejaran de golpear a los adolescentes, cuando llegaron elementos de la SSP, y
al tratar de explicar lo que había sucedido, sin más ni menos fueron
trasladados a MP y de igual posteriormente al Reclusorio Norte, por analogía de
razón de la Arlette Irazábal San Miguel, Agente del Ministerio Público,
Coordinación Territorial CUH-8 ubicado en Chimalpopoca número 100,
colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc.
Una vez dentro de la agencia y después
de una golpiza a los cuatro jóvenes detenidos ilegalmente Eduardo Daniel Soto,
Ricardo Israel Monzalvo, José Luis Torres Miranda y Leonardo Torres Miranda,
por policías preventivos dentro de las galeras; al parecer ya todos se iban con
sus golpes y quedaban en libertad; sin
embargo, al percatarse de ello los padres de los menores edad, Abraham
David Juárez, y Cesar Asrael Juárez, agredidos, solicitaron a la
agente del Ministerio Público la detención a “petición de parte” con fundamente
con el numeral 16 de la carta magna y de nueva cuenta todos iba de regreso.
Desde qué se inició la indagatoria nos
percatamos de que Arlette Irazábal San Miguel, ministerio público, ya se anunciamos
en diversas versiones anteriores que “ya se había vendido al mejor postor”,
había negociado la liberación de los cuatro agresores, bien por ello, pero, no
actuó con justicia, porqué consigno también a cuatro jóvenes inocentes, que por solidaridad y apoyo se
acercaron a los menores, tal y como lo publicamos con antelación el día 24 de
agosto.
Así mismo descubrimos que la
responsable de la Coordinación Territorial CUH-8 tiene varias
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por el “No
ejercicio de la acción penal”, así como nuevas demandas ante Fiscalía especial
Contra Servidores Públicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del
Distrito Federal con la denuncia FCH/CUH8/3184/12-08 por abuso de autoridad y
el No ejercicio de la acción penal emanado del artículo 2 fracción VIII del
Código Federal de Procedimientos Penales.
Al parecer la situación de su hermano le ha
afectado a la impartidora de justicia, ya qué es evidente que no permite que
los detenidos que llegan a su territorio tenga una defensa justa, cómo
quizás no la tuvo su hermano y más bien
la que esta resentida con la sociedad es ella, y es por eso que los elementos
de SSP y Policía Judicial Gozan de impunidad.
